Marcelo
Resende, Representante de la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Venezuela
En
Venezuela desde el inicio del gobierno del ex presidente Hugo Chávez
hasta el actual mandato del presidente Nicolás Maduro, el compromiso
político con la agricultura familiar ha sido evidente:
Para
comenzar, destaca que la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela condena el latifundio y dispone que el Estado debe
desarrollar la agricultura como medio de desarrollo social. Para
asegurar el cambio necesario en el ámbito rural, se ha instrumentado
un marco legal: la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001. A
través de ella, se procura una justa distribución de la riqueza y
una planificación estratégica, democrática y participativa en
cuanto a la tenencia de tierras y desarrollo de toda la actividad
agraria.
Ciertamente,
en Venezuela, pese a algunos avances iniciales logrados a través de
la Ley de Reforma Agraria de 1960, pasados más de 40 años, la
estructura de la tenencia de la tierra no varió en lo fundamental y
no se logró un desarrollo agrario significativo, ni se elevó de
manera sustancial la calidad de vida de la población campesina.
Según el Censo Agrícola de 1998, elaborado por la Oficina Central
Estadística e Información (actual Instituto Nacional de
Estadísticas), el 5% de los propietarios agrícolas acaparaban el
75% de las tierras.
Así,
rememorando, y junto a lo ya mencionado, encontramos acciones como el
decreto de reforma agraria denominado “Guerra contra el latifundio”
de 2005, el cual se encuentra dirigido a los grandes latifundios que
han sido dejados ociosos o han sido empleados por debajo de su
productividad. Este, a diferencia de lo estipulado en la Ley de
Tierras de 2001, mediante el cual el Instituto Nacional de Tierras
(INTI) había distribuido unas 2.2 millones de hectáreas a
cooperativas que eran propiedad del Estado, ahora comienzan a ser
entregadas a los campesinos.
Desde
entonces se han tomado otras acciones. Se encuentra la creación de
la Misión AgroVenezuela, la cual busca garantizar el derecho a la
seguridad alimentaria, a través de la asistencia técnica, dotación
de insumos y financiamiento de los productores agrícolas; y a la que
pueden acudir todas las personas que deseen incorporarse a la
producción nacional de alimentos.
Resalta
la incidencia del Plan de Agricultura Urbana y Periurbana, como
alternativa y potencial plataforma de desarrollo local y comunitario,
muy en particular en la ciudad donde hay una alta densidad
poblacional; así como el Programa de Agricultura Familiar y Escolar
con el cual los espacios educativos se convierten en centros de
formación para la producción de alimentos “sanos, sabrosos,
seguros y soberanos”, según versa el lema del Instituto Nacional
de Nutrición. También se encuentra la creación del Registro Único
Nacional Obligatorio de Productoras y Productores Agrícolas
(RUNOPA), en el cual se pueden inscribir todas aquellas personas
dedicadas a actividades agrícolas y crear su propio perfil con
información digitalizada.
Igualmente,
vale rescatar el Plan de Siembra 2015 y la cartera crediticia de la
banca pública y privada destinada al sector agrario, así como los
Fundos Zamoranos los cuales son ejes de desarrollo endógeno
conformados por grupos de familias de agricultores y agricultoras.
En
materia de formación e innovación tecnológica a disposición de la
familia campesina venezolana, no se puede dejar de lado las acciones
e iniciativas del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y
de la Fundación CIARA, quienes mantienen el compromiso de acompañar
el proceso de transferencia de conocimientos y asistencia técnica
hacia los pequeños productores.
En
el marco de la Cooperación Sur – Sur destaca la formulación,
aprobación y asignación de recursos por parte del Gobierno Nacional
para el Proyecto de Cooperación Triangular entre FAO y Venezuela en
el marco de la Iniciativa América Latina y el Caribe Sin Hambre
(IALCSH), que incluye específicamente de manera transversal el apoyo
para facilitar el intercambio y la comercialización solidaria de
productos provenientes de la Agricultura Familiar; así como el apoyo
en la formulación de planes orientados a la Asistencia Técnica y
Extensión Rural (ATER) con el respaldo de bloques regionales de
integración como CELAC, Petrocaribe y Mercosur. También, en el
plano internacional, se rescata su activa participación y el
compromiso en instancias como la Reunión Especializada de
Agricultura Familiar (REAF)
Lo
anterior, demuestra el interés del país en dirigir la ejecución de
un amplio proceso de distribución de tierras, democratizando la
tenencia y redistribuyéndola entre los pequeños propietarios del
campo, las familias, los sin tierra y todo ciudadano dispuesto a
invertir y trabajar directamente la tierra, con el fin de construir
un nuevo tejido productivo, superando el afán de lucro y la máxima
ganancia como móvil, en beneficio de la satisfacción de las
necesidades colectivas, ampliando y profundizando una democracia
económica que enfatiza la cultura agrícola y la producción para
eliminar progresivamente la dependencia del ingreso petrolero.
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