Marcelo Resende,
Representante de la FAO en Venezuela
Estamos
a menos de un año de la fecha límite puesta como tope para poder
cumplir con la meta de erradicación del hambre de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio del 2000 y la establecida por la Cumbre
Mundial de la Alimentación en 1996. La primera busca reducir a la
mitad el porcentaje de personas subalimentadas en el país entre 1990
y 2015. En Venezuela para 1990 existían 14,1% de personas
subalimentadas. Hoy este porcentaje se encuentra por debajo de 5%. La
segunda meta busca reducir a la mitad el número absoluto de la
personas subalimentadas entre 1990-2015. En 1990 habían 2.8 millones
de personas subalimentadas. Hoy este número se redujo a una cifra no
mesurable estadísticamente. La FAO mide la
prevalencia de la subalimentación o hambre, como el número de
personas que no consumen el mínimo de calorías diarias necesarias
para una actividad ligera y un peso aceptable mínimo para la
estatura de la persona. El mínimo de calorías diario para la FAO
son 1.800 kilocalorías/per cápita/día disponibles. En Venezuela la
disponibilidad de kilocalorías per cápita supera las 3.000.
Lo que
quizás, se esté preguntando la mayoría es ¿Cómo ha hecho
Venezuela para alcanzar ambas metas y cómo ha hecho para seguir
cumpliendo las mismas?
Venezuela, con el inicio
del gobierno revolucionario del presidente Hugo Chávez, comenzó un
conjunto de medidas que iban destinadas a velar “realmente” por
las clases menos favorecidas. Comenzó con el Decreto con fuerza de
Ley Orgánica de Hidrocarburos del 2001, con la el cual se revierte
la política de apertura petrolera aplicada por los gobiernos
anteriores. Con esta Ley el Gobierno le adjudica a petróleos de
Venezuela (PDVSA) y a los recursos petroleros una función social y
se abroga al Ejecutivo la administración de esos recursos. Esto
repercute de una manera sustancial en los recursos destinados a la
inversión social, la cual aumentó de 80.608 millones de dólares
entre 1984-1998, un 36,2% del ingreso público, a 623.508 millones de
dólares para 1999-2013, un 64,1% del total del ingreso público, lo
que demuestra un aumento de la inversión social de 25,8% entre 1998
-2013. A partir de esto todo el panorama de inversión social
destinada a los menos favorecidos cambio radicalmente y se tradujo en
una indudable mejora del acceso a los alimentos –uno de los pilares
del concepto de seguridad alimentaria y nutricional- , y posicionó a
Venezuela como uno de los países menos desiguales del continente.
Múltiples han sido las
medidas desde entonces. Desde los más de 22.000 establecimientos
dispuestos por Misión Alimentación, pasando por las distintas
iniciativas del Programa Nutrición para la Vida del Instituto
Nacional de Nutrición y el aumento de un 455% del número de
personas incorporadas al sistema de seguridad social, al pasar de
475.524 personas para el 1999 a 2.436.306 para 2012, hasta llegar a
medidas más recientes como el establecimiento de una Ley Orgánica
de Precios Justos y la creación de la Superintendencia Nacional para
la Defensa de los Derechos Socio Económicos , así como la
aprobación del Plan Sistémico para la Lucha Integral contra el
Contrabando de Alimentos; medida certera que busca atacar la escasez
y el desabastecimiento y donde se prevén duras medidas para aquellos
que se dediquen al contrabando de extracción. En esta línea, para
combatir el acaparamiento y la especulación también estableció un
sistema biométrico- aun en período de prueba- para evitar el
comercio informal de alimentos, el acaparamiento y mejorar la
planificación del abastecimiento.
Es importante destacar,
la reciente creación de una Vicepresidencia para la Seguridad y
Soberanía Alimentaria, lo que ha dado un reimpulso al tema con
acciones como el relanzamiento de la Gran Misión AgroVenezuela, la
creación del Registro Único Obligatorio Permanente de Productores y
Productoras Agrícolas (RUNOPA) y la reciente aprobación de 6 mil
millones de bolívares y 2.221 millones de dólares para el sector
agrícola por parte del Presidente de la República. También el
Gobierno, tomando en cuenta el crecimiento del sobrepeso y obesidad
que hoy afecta al mundo, y lamentablemente también a los
venezolanos, ha lanzado la campaña Agarra Dato, Come Sano que busca
promover buenos hábitos alimenticios, así como el hacer ejercicios.
También, encontramos la aprobación de 2.428 millones de bolívares
al “Plan de Producción Zamora”, para la culminación del ciclo
norte-verano 2014 y la aprobación de la creación de un Fondo de
pre-inversión para proyectos de aprovechamiento hídrico, que
contará con 20 millones de dólares para equipos científico y
consultaría internacional sobre el tema del agua y 200 millones de
bolívares para estudios de campo y proyectos de despliegue nacional
para la preservación, generación de agua y todos sus usos, tanto
para el consumo humano como para el desarrollo económico del país
en todos los campos, entre ellos el agrícola.
Aunque Venezuela en
materia de seguridad alimentaria y nutricional tiene que enfrentar
altas tasas de inflación y especulación y mejorar la planificación
en relación al abastecimiento, no se puede dejar de reconocer sus
esfuerzos por una reorganización institucional y las numerosas
acciones, obras y medidas que hacen palpable el compromiso político
verdadero que ha tenido el Gobierno Venezolano al priorizar la
seguridad alimentaria y nutricional dentro de su agenda. Un Gobierno
que no se ha quedado en las palabras, sino que las ha llevado a
acciones concretas.
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